Consideramos el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita como un servicio público que afecta a un Derecho tan fundamental como el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva y que, por tal motivo, debe ser objeto de especial protección y compromiso por parte de los poderes públicos.
Garantizamos desde la Abogacía el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y, con ello, el mantenimiento del Estado de Derecho. Garantizamos los mejores abogados, libres e independientes, así como una correcta organización de estos servicios por parte de los Colegios de Abogados.
Advertimos sobre la urgente necesidad de reformar el marco legal de la Justicia Gratuita. Ésta debe acompasarse con el Turno de Oficio, propiciando de esta manera tanto el derecho de los ciudadanos carentes de medios a un abogado, como la dignidad de éste a través de una compensación digna. Es necesario clarificar las condiciones legales de acceso a la Justicia Gratuita, tanto por parte de los ciudadanos, como de los abogados. Rechazamos la privatización de los servicios de asesoramiento, asistencia y defensa jurídica, especialmente los destinados a las mujeres víctimas de violencia, los presos y los migrantes, oponiéndonos a una mercantilización de la prestación de estos servicios.
Exigimos a los poderes públicos, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la aplicación de las garantías constitucionales a detenidos y presos conforme a las recientes modificaciones legales en la materia y derivadas de Directivas comunitarias; y recomendamos a todos los abogados, especialmente a los adscritos al Turno de Oficio, la aplicación del Protocolo de Garantías del Detenido aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española.
La Abogacía reitera y alza su voz nuevamente en favor de los derechos de los refugiados, e insta al Gobierno de España y a la Unión Europea para el escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales y a que den muestras de solidaridad ante el drama de los migrantes que huyen de la guerra y de las persecuciones. Igualmente pide a los ciudadanos europeos que exijan de sus Gobiernos el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de quienes se ven obligados huir de sus países y piden refugio y asilo en Europa.
