A continuación podrán descargar la Orden PRE/1743/2016, de 27 de octubre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017.
Tal y como se desprende del apartado 5, el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 24 de noviembre.
Desde el blog de Icalorca, queremos compartir con vosotros un artículo muy interesante sobre derecho y violencia de género, publicado por el Consejo General de la Abogacía Española y escrito por Elisa Campoy, Vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Español.
Hace unos días que se celebró en Granada el IV Encuentro de Abogados y Abogadas de Violencia de Genero, un espacio que pretende, y así lo hace, ser un foro experto para profesionales de la Abogacía especialistas en la materia y que quieren profundizar en la misma.
Me llama la atención, y por eso creo importante escribir sobre este tema, que muchos de ellos están adscritos al turno de oficio, es decir, con mínimas retribuciones, y que a pesar de eso (el dinero es importante para todos) cada año, en cada Colegio de Abogados de España, se forman más letrados y letradas en esta materia, y son muchos los que asisten a estos Encuentros que se llevan celebrando desde hace cuatro años.
Cuando hablamos de la necesidad de un Pacto de Estado, cuando se habla de políticas encaminadas a erradicar la violencia, cuando se dice que todo va mal, pues queda un rayo de esperanza en nosotros. ¡Sí!, en nosotros los abogados y abogadas en esa especialización cada día mejor, cada día más precisa…. ¿Y por qué no decirlo? Sí, con escasas retribuciones económicas.
Nuestra función no puede ser la prevención, ni la erradicación de la violencia de género. Como ciudadanos sí, pero como ciudadanos-abogados, nos estamos formando, nos estamos especializando para detectar cualquier situación de violencia y poder llevarla con garantías de éxito ante cualquier tribunal. Y en su mayoría son profesionales adscritos al turno de violencia, es decir, mal pagados y tarde. Pero está claro que eso no es lo importante. Lo importante es luchar, pelear, para que las garantías de la víctima se vean reflejadas en el proceso, y así lo estamos entendiendo un buen número de abogados y abogadas.
Fuimos nosotros quienes hemos peleado porque la víctima cuente con la presencia de letrado a la hora de interponer la denuncia, cuando va a contar aquello que la está destrozando, y viendo que a veces esas denuncias eran incompletas o bien no se especificaba lo que puede considerarse más importante, se alertó de esa necesidad. Ya está recogida en la legislación, y poco a poco, más lento quizás de lo que todos quisiéramos, poniéndose en práctica en todos los centros de recogida de denuncias.
Estamos sensibilizados, estamos preparándonos en la materia cada día, asistimos a las víctimas esos 365 días al año, las 24 horas al día… es decir, estamos contribuyendo a conseguir una mejor sociedad.
Por todos esos motivos, yo quiero darnos la enhorabuena. Queda mucho por hacer, mucho por conquistar, pero que vamos en el camino correcto, que todos nos dejamos la piel para conseguir que la víctima tenga garantías de éxito en su calvario personal, y que en lo nuestro, lo estamos haciendo bien. Podremos mejorar, claro que sí, pero ahora que ha empezado un nuevo Año Judicial, creo que debemos congratularnos al menos por lo que hacemos bien…y seguir trabajando en aquello que no es tan correcto. De ahí la importancia de esos Encuentros de Violencia, buscando esa especialización y alertando de aquellos matices que todos vemos en nuestro quehacer diario.
No se nos olvide…. Somos la única conexión directa que tiene la víctima con la esperanza de cambiar de vida, de poder plasmar delante de un juez qué es lo que está ocurriendo, y de nuestro trabajo, a veces, depende ese cambio. De ahí la importancia de esa especialización, y por lo tanto de los Encuentros de Abogados. Poner en común nuestras vivencias, y seguir formándonos para dar un mejor servicio a la sociedad.
Por Elisa Campoy
Consideramos el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita como un servicio público que afecta a un Derecho tan fundamental como el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva y que, por tal motivo, debe ser objeto de especial protección y compromiso por parte de los poderes públicos.
Garantizamos desde la Abogacía el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y, con ello, el mantenimiento del Estado de Derecho. Garantizamos los mejores abogados, libres e independientes, así como una correcta organización de estos servicios por parte de los Colegios de Abogados.
Advertimos sobre la urgente necesidad de reformar el marco legal de la Justicia Gratuita. Ésta debe acompasarse con el Turno de Oficio, propiciando de esta manera tanto el derecho de los ciudadanos carentes de medios a un abogado, como la dignidad de éste a través de una compensación digna. Es necesario clarificar las condiciones legales de acceso a la Justicia Gratuita, tanto por parte de los ciudadanos, como de los abogados. Rechazamos la privatización de los servicios de asesoramiento, asistencia y defensa jurídica, especialmente los destinados a las mujeres víctimas de violencia, los presos y los migrantes, oponiéndonos a una mercantilización de la prestación de estos servicios.
Exigimos a los poderes públicos, especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la aplicación de las garantías constitucionales a detenidos y presos conforme a las recientes modificaciones legales en la materia y derivadas de Directivas comunitarias; y recomendamos a todos los abogados, especialmente a los adscritos al Turno de Oficio, la aplicación del Protocolo de Garantías del Detenido aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española.
La Abogacía reitera y alza su voz nuevamente en favor de los derechos de los refugiados, e insta al Gobierno de España y a la Unión Europea para el escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales y a que den muestras de solidaridad ante el drama de los migrantes que huyen de la guerra y de las persecuciones. Igualmente pide a los ciudadanos europeos que exijan de sus Gobiernos el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de quienes se ven obligados huir de sus países y piden refugio y asilo en Europa.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en su reunión celebrada el viernes 24 de Junio ha aprobado una declaración institucional mostrando su indignación por el expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra nueve Colegios de Abogados que realizaron -a requerimiento de los tribunales- informes no vinculantes y ajustados a derecho sobre las costas procesales en el caso Bankia.
Declaración institucional:
”La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a varios Colegios de Abogados, tras una denuncia de Bankia. El motivo alegado es un supuesto sobreprecio que estaría soportando esta entidad bancaria derivado de la tasación de costas procesales por las demandas de cientos de ciudadanos afectados por la compra de acciones en su salida a bolsa.
Antes que nada, sería conveniente explicar qué son las costas procesales, quién las fija y quién tiene que pagarlas y por qué.
Cuando un ciudadano reclama sus derechos ante los tribunales, debe pagar los honorarios al abogado que le lleve el asunto. Ni los Colegios de Abogados, ni el Consejo General de la Abogacía fijan estos honorarios, ya que es el profesional, lógicamente, quien pacta libremente con su cliente el precio de los servicios contratados en función de la complejidad del caso.
Si se estiman íntegramente las pretensiones del demandante (el ciudadano, en este caso), la condena al demandado (Bankia) lleva aparejada el pago de todas las costas procesales, es decir, los honorarios del abogado y los derechos del procurador de la parte contraria. El importe de las costas tiene que ser aprobado por el tribunal en el que se tramitó el procedimiento.
Para establecer el importe de las costas, cuando el condenado discrepa del mismo, es preceptivo que los tribunales soliciten un informe a los Colegios de Abogados, ya que son estas entidades las que tienen legalmente atribuida esta función. Los informes no son vinculantes en ningún caso y es el órgano judicial que los ha solicitado el que aprueba definitivamente el importe con total libertad de criterio.
Es de sobra conocido que Bankia ha sido condenada por dar información falsa sobre su salida a bolsa y debe indemnizar a los afectados por la compra de acciones. Pero además, como ha perdido el proceso, debe hacerse cargo también de las costas derivadas de los procedimientos, reintegrando así al consumidor los gastos generados por su defensa.
También es público que Bankia, a pesar de tener ya centenares de sentencias contrarias a sus intereses, no ofreció a los afectados soluciones extrajudiciales.
Si las costas, como ya hemos explicado, las aprueban los juzgados; si los Colegios de Abogados se limitan a emitir un informe no vinculante, ¿por qué Bankia se empeña en asegurar que los Colegios de Abogados han “inflado las facturas” en los pleitos contra la entidad? ¿Acaso está pidiendo un tratamiento especial que palíe el impacto de los múltiples pleitos en los que ha visto desestimadas todas sus pretensiones y ha sido condenada a abonar las costas procesales?
Aunque lo más grave y preocupante es que un organismo como la CNMC-“el organismo que garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores, según su propia definición- haga suya la denuncia de la entidad bancaria y pretenda controlar la adecuación a derecho de las resoluciones judiciales que han establecido con libertad de criterio el importe de los honorarios profesionales que debe abonar Bankia como resultado de la condena en costas. Y todavía lo es más que lo haga actuando contra los Colegios de Abogados, que se han limitado a cumplir una obligación legal.
A la vista de la actuación de la CNMC, se podría pensar que, más que proteger a los consumidores, este organismo protege los intereses de entidades financieras que no se han caracterizado precisamente por respetar los derechos ni los bienes de los ciudadanos”.
